Los menores infractores que tengan su domicilio en Cartaya (Huelva) podrán seguir cumpliendo las medidas judiciales que les impongan los juzgados de Menores en su propio municipio y sin necesidad de desplazarse hasta la capital hispalense. El objetivo es que estos jóvenes realicen en su localidad trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas.
Para ello, el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Huelva, Alfredo Martín, y la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, han firmado hoy el convenio que facilitará que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan internamiento de los menores, sean ejecutadas en servicios municipales.
Así, los jóvenes llevarán a cabo trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas en diferentes servicios del Consistorio como puedan ser culturales, educativos o de atención social, siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales y los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación, además de la pertinente autorización judicial. El acuerdo también supone el seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar por parte de la Policía Local o, en su defecto, por otro personal funcionario que desempeñe estas funciones.
Con este tipo de convenios se persigue canalizar la cooperación y colaboración entre las administraciones regional y municipales para la ejecución de las medidas y la intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas. Así, la colaboración institucional permite actuar en su entorno, lo que contribuye a una intervención más eficaz para las personas menores, y a la prevención de conductas de riesgo en los propios municipios.
El delegado territorial de Justica ha agradecido al Ayuntamiento cartayero su colaboración ya que “su adhesión a este programa permite que se pueda realizar un trabajo muy importante con este colectivo”.
Por su parte, la alcaldesa ha destacado que esta colaboración entre las dos administraciones “nos permite actuar en el entorno familiar de estos menores que no tendrán que desplazarse fuera de su localidad y de su entorno para la prestación de servicios y actividades en beneficio de la sociedad, y con los que se realiza también una importante tarea socioeducativa para su reinserción social”.
El primer teniente de alcaldesa y concejal de Políticas Sociales, David F. Calderón, ha subrayado que este acuerdo permite “facilitar y propiciar una intervención más eficaz con las personas menores infractoras. Todo ello mediante actividades con clara intencionalidad educativa y medidas de seguimiento que se desarrollan de la mano de profesionales en su entorno natural, lo que arroja resultados muy positivos, ya que 8 de cada 10 menores que participan en estos programas nunca reinciden”.
Tal y como recoge la Ley del Menor y como administración competente en Justicia Juvenil, la consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.
La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con la entidad ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla la misma.
