Cuarenta millones de euros. Es la cuantía del presunto fraude por el que la antigua cúpula directiva de UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados.
Se trata de subvenciones que dicha organización recibió de la Junta andaluza entre 2009 y 2013 para la formación, pero que, sin embargo, destinó a sus gastos corrientes.
Por ello, el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha abierto juicio oral contra el ex secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro excargos del sindicato y 10 empresarios.
Los procesados, un total de 15, están citados en sede judicial entre los próximos 15 y 17 de junio para comparecer ante el magistrado, antes de que se celebre la vista oral en la Audiencia de Sevilla.
Cabe destacar que se ha fijado una fianza de 40 millones para los acusados y ha designado a UGT como responsable civil subsidiario. Esto es, en caso de una hipotética condena, la organización sindical debería afrontar la fianza si los acusados se declararan insolventes.
A todo ello hay que sumar que UGT atraviesa por una situación económica delicada, ya que la Junta de Andalucía le exige en vía administrativa la devolución de 18 millones por las ayudas en formación que UGT recibió en 2007.
