El Alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha firmado esta mañana con el Secretario de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Enrique Fernando Santiago; con la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, y con el Alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, el Protocolo General de Actuación para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en los municipios de Lepe y Moguer.
Los firmantes del protocolo han acordaro impulsar y fomentar la construcción y adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover nuevos albergues y soluciones residenciales destinadas a las personas temporeras y a aquellas que alargan la campaña laboral. Asimismo promoverán las actuaciones que faciliten la integración residencial y sociolaboral de estas personas, consolidando modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o para otros procesos de regeneración urbana en otros municipios o comunidades autónomas.
Desde el Ayuntamiento de Lepe se ha venido realizando desde hace años un llamamiento a todas las administraciones y agentes implicados en el fenómeno migratorio, para poder encontrar soluciones definitivas a la problemática habitacional, sociolaboral y sanitaria que conlleva el chabolismo en el municipio de Lepe, por lo que la firma de este protocolo ha sido recibida con satisfacción, unida además al compromiso del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía de financiar las actuaciones contenidas en el ya elaborado y consensuado Plan Integral de Erradicación del Chabolismo de Lepe que incluye, entre otras, la construcción de módulos de viviendas acondicionadas para los trabajadores temporeros o la rehabilitación del edificio del antiguo matadero municipal para uso habitacional.
Las personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos informales afrontan unas condiciones de insalubridad y evidente ausencia de los servicios públicos más básicos, tal y como denunció en sus conclusiones el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, tras su visita a España en 2020, en la que alertaba de la situación de extrema precariedad que padecen dichas personas.
