La Policía investiga los delitos de prostitución, cohecho y blanqueo de capitales en el caso del club de alterne

Cuatro de los cinco detenidos en Ayamonte en relación a la actividad del club de alterne ‘Número uno’ de la localidad han sido puestos en libertad aunque deberán comparecer judicialmente cada mes y, además, podrían ser objeto de otras medidas cautelares que no han sido concretadas por el momento.
Estos detenidos, entre los que se encuentran el ex concejal Carlos Fernández y el abogado y presidente de la Cámara de Comercio, Javier González, forman parte de una causa que se viene tramitando desde hace dos años.
A lo largo de esta operación, que llevan a cabo la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, se han detenido unas 20 personas.
En concreto, se investigan los presuntos delitos de prostitución, cohecho, blanqueo de capitales y sobre el derecho a los trabajadores.
Las últimas detenciones fueron practicadas en la noche de este domingo en Ayamonte, aunque a lo largo de los dos últimos años se han llevado a cabo otras en provincias como Sevilla, Cádiz y Córdoba.
Este club de alterne no comenzó con buen pie, ya que fue cerrado poco después de su inauguración, hace casi dos años. Entonces fueron detenidas cuatro trabajadores por encontrarse en situación irregular. Además, sobre dos de ellas pesaban órdenes de expulsión del país.
En aquel momento, la Confederación Española de Policía (CEP) alertó de los riesgos que conllevaba la apertura de un establecimiento de este tipo en las proximidades de una frontera, ya que a su juicio podría incrementar los índices de delincuencia.
Esta macrooperación, que llevan a cabo agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Mientras tanto, el secretario general del PP en Huelva, Guillermo García Longoria, ha pedido a la “cúpula” del PSOE que aclare la “implicación” del alcalde de Ayamonte y vicesecretario de los socialistas onubenses, Antonio Rodríguez Castillo, en este asunto.
En este sentido, García Longoria ha explicado que “lo que está claro es que el detenido (en referencia al ex edil) no pudo firmarla ya que cesó como concejal en mayo de 2011 y la licencia se concedió en agosto” por lo que el PP quiere que el alcalde diga “quién la firmó”.