La Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva ha exigido este jueves que se dote de personal de seguridad privada a los centros de salud de la provincia, sobre todo a los considerados “conflictivos”, como Ayamonte, Lepe, Cartaya, Isla Cristina, Almonte y “ciertos centros de Huelva”, para evitar agresiones como las sufridas por algunos profesionales en los últimos meses.
Así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Personal, José Manuel Velázquez, durante la concentración celebrada este jueves en las puertas del centro de salud de Ayamonte, donde en la madrugada del martes un hombre entró con “un machete” de “unos 50 centímetros” e intentó agredir a profesionales, que se encerraron en una sala para evitar el ataque. No obstante, el individuo logró asestar varias cuchilladas en la puerta antes de ser detenido por la Guardia Civil.
Velázquez ha lamentado la “falta de seguridad” existente en algunos centros conflictivos, como el de Ayamonte, y ha criticado que la Junta de Andalucía “no ha accedido” a las reivindicaciones de los trabajadores para incrementar las medidas de seguridad.
Por ello, ha subrayado que desde la Junta de Personal van a “seguir demandando este tipo de recursos”, que considera que “reducirán el peligro”, y ha expresado su deseo de que este suceso marque “un antes y un después”, reclamando que se implante el servicio de seguridad privada “antes de que tengamos algo que lamentar”, una situación que aseguran “vienen denunciando desde hace años”.
Por su parte, la delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, quien ha participado en la concentración, ha mostrado su “repulsa” ante el “grave episodio de violencia” ocurrido el pasado martes y ha recordado que “cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto”, realizando un “llamamiento público” contra este tipo de comportamientos incívicos.
Asimismo, ha insistido en que el Distrito Huelva-Costa Condado-Campiña activó desde el primer momento el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del Servicio Andaluz de Salud, que incluye un programa especial de acompañamiento, además de asesoramiento y apoyo legal y psicológico al personal afectado.
En este sentido, desde la Delegación se recalca que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial “es considerada delito de atentado” por los tribunales de justicia, con penas de prisión para los agresores.
Finalmente, se señala que el sistema sanitario público de Andalucía debe profundizar en el respeto de los derechos de los usuarios, pero también exigir el cumplimiento de sus deberes, como hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de cordialidad, confianza y respeto, en beneficio de la mejora de las relaciones entre ciudadanía y profesionales de la salud.
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