El Ayuntamiento de Punta Umbría ha remitido un nuevo requerimiento a la Dirección General de la Costa y el Mar, exigiendo una intervención urgente en la playa de El Portil tras los graves daños provocados por la dinámica litoral, agravados recientemente por la borrasca Francis.
El documento alerta del riesgo inminente de colapso del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal aún pendiente de recepción, cuya rotura podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles. El Ayuntamiento advierte de que cualquier daño al medio ambiente sería responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Costas por su inacción reiterada.
El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, denunció el abandono institucional al que, a su juicio, somete el Gobierno de España a El Portil, en contraste con otros municipios costeros de Huelva. “Aquí no hay proyectos, ni presupuesto, ni voluntad política. Solo silencio y abandono institucional”, afirmó.
Hernández Cansino criticó la pasividad del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Costas, que, mientras actúan con rapidez en otros puntos del litoral onubense, condenan a El Portil a una degradación progresiva e injustificable.
El alcalde recordó la reunión de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, con vecinos de El Portil, en la que se mencionó un supuesto proyecto ministerial que nunca ha sido presentado ni ejecutado. Además, señaló que hace exactamente una semana solicitó una reunión urgente con Costas, sin obtener respuesta alguna ante la emergencia ambiental.
El Ayuntamiento mantiene además un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica por daños que superan los tres millones de euros, derivados de la dejadez del Gobierno.
Hernández Cansino advirtió que, de continuar la inacción de Costas, el Ayuntamiento intervendrá de manera subsidiaria para proteger las infraestructuras municipales y repercutirá íntegramente el coste económico, además de exigir las responsabilidades legales y patrimoniales correspondientes.
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