El Partido Popular de Huelva ha exigido hoy al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, que, al margen del proceso judicial en curso, abra una exhaustiva investigación que termine de esclarecer y depurar las responsabilidades políticas en todos los casos de corrupción política relacionados con el escándalo de los ERE y el fraude de los cursos de formación que salpican al PSOE en la provincia de Huelva.
Así lo ha asegurado el presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluza electo, Manuel Andrés González, quien se ha preguntado “¿qué más tiene que ocurrir en el seno del PSOE para que sus dirigentes salgan a la palestra para dar algún tipo de explicación a la ciudadanía?”.
En este sentido, González ha lamentado la sucesión de escándalos derivados de las últimas actuaciones judiciales, todos ellos relacionados con el PSOE, tales como la detención del delegado de Empleo de la Junta en Huelva, Eduardo Muñoz, en el marco de una operación ordenada por la jueza Mercedes Alaya relacionada con el fraude en los cursos de formación, en virtud de la cual estaría implicado como responsable de la Delegación Provincial de Empleo en la concesión de más de 27,6 millones de euros en subvenciones para cursos de formación sin justificar en plazo entre 2005 y 2013 “pese a la opinión desfavorable de los propios técnicos de la delegación de Empleo”.
Asimismo, ha recordado que recientemente la jueza Mercedes Alaya ha ampliado la imputación por los delitos de prevaricación y malversación a once ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, que ha ejercido como delegado del Gobierno de la Junta en Huelva (2004-2008); delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva (2002-2004) o delegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales, entre otros cargos, y el ex director de Trabajo de la Junta y ex delegado provincial de Empleo Juan Márquez, que se encuentra imputado por el caso de los ERES y con una fianza de 64 millones, por las ayudas a Cydeplast e Inverjaén.
Además, ha recordado, en relación al fraude de los cursos de formación, la detención de la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte, “en cuyo expolio está también presuntamente implicado un miembro de la lista del PSOE en el Ayuntamiento almonteño que, a través de su empresa, habría recibido contratos millonarios saltándose a la torera los preceptivos procedimientos administrativos”.
Así, ha recordado el inicio del proceso de reintegro de una subvención de 159.000 euros que habrá de llevar a cabo la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana, que administró el actual número tres de la candidatura del PSOE de Huelva a las próximas municipales, José Fernández, al formar parte de las exoneraciones no justificadas que actualmente investiga la jueza Alaya.
A estos casos se unen el del uso indebido de una tarjeta de crédito en el Ayuntamiento de Escacena con la que cargos del PSOE han adquirido alcohol y jamones durante el mandato de la ex alcaldesa, que hoy sigue ostentando un cargo público como coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y, por tanto, “sigue bajo sospecha ya que sigue manejando dinero público”, o el registro hace unas semanas por parte de la Guardia Civil de la Diputación Provincial de Huelva por un presunto fraude relacionado con las obras del PROFEA, sin que tampoco entonces el ente supramunicipal “ofreciese explicación alguna, lo que la sitúa bajo la sombra de la sospecha, con el consiguiente daño que provoca a la imagen de la provincia de Huelva”.
“Vamos de escándalo en escándalo y los onubenses quieren y tienen derecho a saber qué está pasando en la provincia de Huelva con los cursos de formación y los ERE. No es de recibo que, después de los últimos acontecimientos, la Junta se esconda y guarde silencio en vez de dar oportunas explicaciones públicas al conjunto de los onubenses, que siguen a la espera”, ha denunciado González.
