La juez Mercedes Alaya dejó anoche en libertad con cargos a otros cuatro dirigentes políticos que han comparecido ante la juez tras ser detenidos por su relación con los cursos de formación, con lo que han quedado libres las 12 personas que han comparecido ante la magistrada de las 16 detenidas.
Los últimos en salir han libertad fueron los delegados de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el de Cádiz, Juan Manuel Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández Ramírez; y el delegado en Huelva hasta ayer, cuando fue cesado, Eduardo Manuel Muñoz García.
Los cuatro, que comparecieron en la tarde de este miércoles ante la juez y se acogieron a su derecho no declarar, fueron detenidos en la operación Barrado sobre cursos de formación impartidos con fondos públicos, que afectó a 16 responsables de la Junta de las ocho provincias andaluzas.
En el auto de imputación de al menos una de las detenidas, la juez aborda supuestas órdenes que habrían recibido de sus superiores de la Consejería de Empleo para no controlar los cursos y beneficiar electoralmente al PSOE, han informado a Efe fuentes jurídicas, que descartan lucro personal en las imputadas.
La juez, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, indaga sobre cursos impartidos entre 2010 y 2012 y también se ha referido a la actividad de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter publico y dedicada a la formación.
