La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha informado de que el Ejecutivo central ha resuelto más de 90 millones de euros destinados a la financiación íntegra del 100% de la reconstrucción de infraestructuras en 55 municipios de la provincia de Huelva, afectados por las borrascas registradas entre noviembre y febrero.
Estas ayudas forman parte de un paquete extraordinario incluido en el Real Decreto-ley 5/2026, que contempla un total de 2.000 millones de euros en transferencias directas para entidades locales, con el objetivo de reparar, reconstruir y mejorar infraestructuras y servicios públicos dañados por fenómenos meteorológicos adversos.
Entre las actuaciones financiables se incluyen la reparación y restitución de la red viaria, las redes de saneamiento y depuración de aguas, la reconstrucción de equipamientos públicos dañados, así como obras destinadas a prevenir futuras inundaciones y reducir el impacto de episodios climáticos extremos.
La subdelegada ha subrayado que una de las principales novedades es que las ayudas cubren el 100% del coste de las actuaciones, incorporan el anticipo íntegro de los fondos y amplían el plazo de ejecución hasta tres años, evitando así tensiones de tesorería en los ayuntamientos.
Rico ha destacado además que esta medida supone una respuesta “rápida, eficaz y sin precedentes” del Gobierno de España, reforzando su compromiso con el municipalismo y permitiendo que los consistorios no tengan que asumir ningún coste directo.
En la provincia, las inversiones alcanzan a todos los municipios afectados, con cantidades destacadas como los más de 23,7 millones de euros para Almonte, más de 15,7 millones para Lepe, o más de 4,8 millones para Cartaya, entre otros muchos.
El impacto de estas inversiones no solo se centra en la recuperación de infraestructuras, sino también en la generación de actividad económica y empleo en el territorio, ya que serán los propios ayuntamientos quienes gestionen la ejecución de los proyectos.
El Gobierno ha calificado esta actuación como una respuesta histórica, orientada a la recuperación de los servicios públicos esenciales y a la mejora de la resiliencia frente a futuros episodios meteorológicos adversos.
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