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Los regantes presionan a Montero en Bonares por la presa de Alcolea y reavivan el debate sobre su desbloqueo

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Hace ocho días, durante una visita política de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a Bonares, los regantes protagonizaron un encuentro tan inesperado como significativo con la número dos del Ejecutivo para exigir explicaciones por el bloqueo de la presa de Alcolea, una infraestructura clave para el sector agrícola de la provincia de Huelva.

Según desvela en exclusiva el diario HuelvaHoy, en el transcurso de esa reunión Montero se habría comprometido a firmar la cesión de las obras a la Junta de Andalucía una vez que el proyecto sea actualizado, una condición que el Gobierno central viene esgrimiendo desde hace años para justificar la paralización de los trabajos.

No obstante, esta supuesta promesa realizada en un ámbito más privado no tuvo reflejo público inmediato. Posteriormente, y tras ser preguntada por representantes del Grupo Azahara, la ministra dejó en el aire la posibilidad de dicha cesión, limitándose a reiterar que el proyecto de la presa, paralizado desde 2017, se encuentra técnicamente desactualizado, sin ofrecer un calendario concreto ni compromisos formales.

La presa de Alcolea es considerada por los regantes y por buena parte de los agentes económicos y sociales de la provincia como una infraestructura estratégica, tanto para garantizar recursos hídricos al sector agrícola como para el desarrollo sostenible del territorio. Su bloqueo se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política entre administraciones y en una reivindicación constante del campo onubense.

El contraste entre el mensaje trasladado en privado y las declaraciones públicas de la ministra ha generado malestar y escepticismo entre los regantes, que reclaman hechos concretos tras años de anuncios, estudios y promesas incumplidas.

Mientras tanto, la actualización del proyecto sigue siendo el argumento central del Gobierno para no reactivar las obras, en un contexto de creciente presión social y política para que la presa de Alcolea deje de ser, una vez más, una infraestructura pendiente.

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