La Justicia ha respaldado de forma contundente la incorporación del municipio de Cartaya a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS-Giahsa), formalizada en julio de 2024, al considerar que el acuerdo se llevó a cabo conforme a derecho, respetando todos los procedimientos legales establecidos, según ha comunicado este viernes la propia entidad.
Así se recoge en la sentencia emitida el pasado 22 de abril de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva, que rechaza en su totalidad el recurso interpuesto por Juan Antonio García, en representación del Ayuntamiento de Bonares (PSOE), contra la decisión del pleno de la MAS que aprobó la adhesión voluntaria de Cartaya.
Durante los últimos meses, García, en su papel como portavoz socialista en la Mancomunidad, había defendido en distintas sesiones plenarias que esta incorporación respondía a intereses políticos y que se había producido de forma irregular.
Sin embargo, el fallo judicial rebate uno a uno estos argumentos, señalando que carecían de fundamento jurídico. En concreto, la resolución valida expresamente que la adhesión de Cartaya pueda realizarse para el servicio de abastecimiento de agua en alta, descartando que fuera necesario incluir la totalidad del ciclo integral del agua, como sostenía el recurso.
Además, la sentencia reconoce que la normativa vigente permite la gestión supramunicipal de este tipo de servicios y que los estatutos de la MAS no impiden la adhesión parcial de municipios, confirmando también que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Cartaya fue correcto.
De este modo, el fallo concluye de manera clara que el acuerdo adoptado es plenamente legal. Desde la Mancomunidad y Giahsa se interpreta esta decisión como un respaldo firme al modelo de gestión, a su seguridad jurídica y a la defensa del interés general, además de suponer una desautorización de las acusaciones de ilegalidad realizadas por el alcalde de Bonares, que quedan ahora sin sustento legal.
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