La flota pesquera de Ayamonte ha permanecido este lunes 12 de enero amarrada como medida de protesta contra la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, una normativa que el sector considera inasumible por su elevada carga burocrática e impacto directo sobre la viabilidad de la pesca artesanal y de bajura. La paralización, visible en el puerto ayamontino desde primera hora, se enmarca en una movilización que se está extendiendo a otros puntos del litoral español, como la Bahía de Cádiz.
El reglamento, vigente desde el pasado 10 de enero, obliga a los barcos a declarar las capturas pieza a pieza y a comunicar su entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación. Los armadores consideran que estas exigencias no se ajustan a la realidad de las faenas diarias y suponen una interferencia directa en la toma de decisiones en el mar, además de generar inseguridad jurídica y dificultades operativas, especialmente para las embarcaciones de menor tamaño.
Desde la Asociación de Armadores de Punta del Moral advierten que la aplicación literal de la norma puede provocar pérdidas económicas inmediatas y poner en riesgo la continuidad de numerosas embarcaciones que no disponen de medios técnicos ni de personal suficiente para asumir este nivel de control administrativo.
“El problema no es el control, que siempre hemos defendido, sino una burocracia desmedida que no tiene en cuenta cómo se pesca realmente”, advierte el gerente de la asociación, Alonso Abreu, quien subraya que en muchas jornadas resulta imposible prever con horas de antelación el momento exacto de entrada a puerto o detallar cada captura sin afectar al propio desarrollo de la actividad. “No estamos para más trabas administrativas. Estamos para trabajar y para seguir garantizando una pesca sostenible”, añade.
Los armadores reconocen los intentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por adaptar parcialmente la normativa, como la reducción de los tiempos de preaviso para determinados segmentos de flota, pero consideran que las medidas resultan insuficientes para resolver los problemas de fondo que plantea el reglamento.
La Asociación de Armadores de Punta del Moral reclama ahora a la Comisión Europea y a las administraciones competentes un diálogo real con el sector, mayor flexibilidad en la aplicación de la norma y soluciones que permitan compatibilizar el control y la sostenibilidad con la supervivencia de la pesca tradicional. Si no se introducen cambios, advierten, muchas embarcaciones podrían verse obligadas a abandonar la actividad en los próximos meses.
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