La recuperación del acuífero de Doñana depende de la ejecución completa de la Ley del Trasvase, según ha señalado la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega). La organización considera que sin la puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas estratégicas para la provincia, el objetivo de garantizar el equilibrio hídrico y la sostenibilidad del territorio seguirá siendo inalcanzable.
El gerente de Huelva Riega, Jorge Forné, ha subrayado la importancia fundamental de trabajar en torno a la presa de Alcolea, como pieza clave para regular los recursos hídricos de la Corona Norte de Doñana. Según Forné, esta infraestructura permitirá optimizar el drenaje natural del agua de riego, mejorar la disponibilidad del recurso y reducir la presión sobre el acuífero, garantizando su recuperación a largo plazo.
Desde la asociación han recordado que el agua es un pilar esencial tanto para el crecimiento económico del territorio, ligado a la agricultura y al regadío, como para la conservación del ecosistema de Doñana, uno de los espacios naturales más protegidos y estratégicos de Andalucía. La Ley del Trasvase establece que el cumplimiento de las infraestructuras previstas permitirá disminuir de forma significativa las extracciones del acuífero, contribuyendo a un equilibrio entre las necesidades humanas y la preservación ambiental.
Además, Huelva Riega destaca que estas actuaciones también favorecerán la modernización de la red de regadíos, incrementando la eficiencia en el uso del agua y fomentando un modelo agrícola más sostenible. La organización considera que la coordinación entre administraciones es vital para avanzar en estos proyectos, que incluyen no solo la presa de Alcolea, sino también canales de derivación, sistemas de almacenamiento y modernización de acequias, cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua sin comprometer la integridad del acuífero.
Por último, la asociación hace un llamamiento a la implicación de todos los agentes implicados, desde la Junta de Andalucía hasta los regantes y administraciones locales, para que se cumplan los plazos y se garanticen los recursos necesarios. Solo de esta manera se podrá asegurar un equilibrio hídrico sostenible y mantener la viabilidad económica y ambiental de la región.
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