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Giahsa aprueba un presupuesto de 115,9 millones sin recurrir a más deuda y abre la puerta a bajar tarifas

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El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Diego del Toro, ha presentado los presupuestos de 2026 de Giahsa, que ascienden a 115,9 millones de euros, consolidando un modelo basado en la eficiencia, la contención del gasto y la inversión estratégica.

Las cuentas refuerzan la apuesta por el ciclo integral del agua, la gestión de residuos sólidos urbanos y el impulso de la digitalización y la ciberseguridad, en un contexto marcado por los compromisos financieros heredados. En este sentido, los gastos financieros pasarán de 15 millones en 2025 a 18,7 millones en 2026, lo que obliga a mantener una gestión rigurosa.

Durante su intervención, Diego del Toro destacó que se trata de unos presupuestos “realistas y responsables” que reflejan un cambio profundo en la gestión, orientado a optimizar los recursos disponibles.

Por su parte, el director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, aseguró que no se contempla ninguna subida de tarifas en los próximos años, descartando además recurrir a nuevos préstamos: “Giahsa no volverá a endeudarse”.

En esta línea, avanzó que, una vez consolidado el equilibrio económico, se podría incluso plantear una bajada de tarifas, siempre bajo criterios de sostenibilidad. Asimismo, destacó medidas de optimización como la generación de cerca de 500.000 euros en ingresos a través de depósitos bancarios.

A pesar del esfuerzo financiero, la empresa mantiene una inversión superior a 13,5 millones de euros destinada a la modernización de infraestructuras y servicios, con el objetivo de evitar mayores costes en el futuro.

En materia de innovación, Ponce subrayó los avances en ciberseguridad y prevención de riesgos laborales, advirtiendo de la necesidad de anticiparse a nuevas amenazas como posibles ciberataques en el sistema de abastecimiento.

Por último, en el ámbito laboral, destacó el diálogo con la plantilla en la negociación del nuevo convenio colectivo, así como la garantía de aplicar la subida salarial prevista por el Gobierno en cuanto lo permita la legislación.

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