El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado la gestión del Gobierno central en el conflicto abierto con los profesionales sanitarios y ha asegurado que la falta de acuerdo en torno al Estatuto Marco está teniendo consecuencias directas para miles de pacientes en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Huelva.
Según ha señalado el dirigente popular, la huelga médica está provocando una importante alteración de la actividad asistencial y una acumulación de retrasos que afecta a consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
González ha afirmado que la situación es consecuencia de la “incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para negociar con los profesionales sanitarios”, una circunstancia que, a su juicio, está generando un grave perjuicio para los usuarios del sistema público de salud.
Los datos aportados por el PP indican que desde el inicio del conflicto se han suspendido en Andalucía más de 1,3 millones de actos sanitarios, entre los que se incluyen 814.000 consultas de Atención Primaria, más de 440.000 consultas hospitalarias, cerca de 92.300 pruebas diagnósticas y alrededor de 22.800 intervenciones quirúrgicas aplazadas.
El presidente provincial del PP ha puesto como ejemplo la situación que afecta a los anestesistas del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, quienes han decidido dejar de realizar horas extraordinarias ante la falta de avances en las negociaciones impulsadas por el Ministerio de Sanidad.
Para González, esta situación refleja la falta de entendimiento entre el Gobierno y los profesionales sanitarios, lo que está repercutiendo directamente en la atención a los pacientes y en el funcionamiento habitual de los centros sanitarios.
Frente a ello, el dirigente popular ha defendido las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sistema sanitario andaluz, destacando los acuerdos alcanzados recientemente en el ámbito autonómico.
Asimismo, ha asegurado que existen “dos formas diferentes de gestionar las necesidades de los profesionales sanitarios”, contraponiendo la actuación del Gobierno andaluz a la del Ejecutivo central.
Por último, Manuel Andrés González ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, debe asumir responsabilidades políticas por la situación generada y ha reclamado una solución negociada que permita poner fin al conflicto y recuperar la normalidad asistencial.
En Directo