El exdelegado de Empleo y exdirector provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Eduardo Muñoz, citado a declarar este miércoles en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por la Junta de Andalucía, se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes judiciales.
Muñoz, que estaba citado a las 10:15 horas ha llegado al edificio de la Audiencia de Huelva poco antes de las diez de la mañana y ha permanecido en el edificio durante alrededor de una hora abandonando el edificio por la puerta posterior, para esquivar a los medios de comunicación que lo esperaban a la entrada, lo que no ha logrado, aunque no ha respondido a las preguntas que le han realizado. A su vez, el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, y José Ángel Gil Flores, también se ha acogido a su derecho a no declarar, finalizando esta fase de declaraciones con estas dos citaciones.
Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo el pasado mes de marzo tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la ‘Operación Edu’. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron “con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía”, estando firmada por uno de los investigados.
Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de Prevaricación y Malversación de caudales públicos.
A su vez, cabe recordar que el juez ordenó a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados.
La declaración de Muñoz estaba inicialmente prevista para el 29 de abril, si bien el juez la retrasó para dar respuesta al recurso presentado por la Junta contra el auto que la declaraba responsable civil subsidiaria en esta causa; un recurso que fue rechazado en esta instancia y posteriormente admitido por la Audiencia Provincial de Huelva quien ha determinado la personación de la administración autonómica como perjudicada.
