La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de delegar a 14 ayuntamientos la distribución de una subvención de 70 millones de euros para iniciativas y proyectos de desarrollo sostenible en Doñana ha generado preocupación y descontento en las comunidades locales. Esto podría resultar en un reparto desigual y perjudicial para la biodiversidad del Parque Nacional.
La inquietud radica en que municipios circundantes, que han agotado recursos naturales de Doñana, busquen beneficiarse económicamente como si hubieran contribuido significativamente a la biodiversidad del área protegida. Esto genera oposición de ayuntamientos directamente vinculados a Doñana, y plantea un dilema ético sobre la equidad en la distribución de fondos.
Consultas con la administración europea indican que la distribución de fondos para la biodiversidad debe basarse en criterios territoriales, espacio natural y porcentaje de población, y cualquier desviación se considera contraria a las directrices europeas. El desacuerdo se agrava al examinar la propuesta de reparto por habitante, mostrando una clara desproporción, donde residentes de ciertos municipios podrían recibir significativamente más fondos que otros, planteando interrogantes sobre la justicia en la distribución de recursos.
Esta situación se percibe como un ataque a la biodiversidad de Doñana, al dejar en manos de entidades locales la responsabilidad del reparto, lo que podría no considerar el delicado equilibrio del ecosistema. La autenticidad de experimentar la diversidad de Doñana se ve comprometida si la distribución de fondos no se realiza de manera justa y equitativa, afectando negativamente a la preservación de este enclave excepcional.
