La judicialización del procedimiento de escolarización ha experimentado un descenso del 98,5 por ciento en Huelva en los cinco últimos años, lo que supone un alto nivel de aceptación de las plazas adjudicadas a las familias.
De este modo,la Delegación Territorial de Educación, desde el curso 2010-2011, fundamentalmente, se aprecia una disminución importante en la judicialización del procedimiento de escolarización. Así, si en 2010 se contabilizaron 71 procedimientos judiciales abiertos, en 2012 se abrieron 35, en 2014 se tramitaron sólo seis y en 2015 únicamente hay registrado un caso.
Así, las familias tienen a su disposición, ante la no aceptación de la plaza adjudicada, la posibilidad de interponer un recurso por vía administrativa, que resuelve el delegado territorial, o bien, un recurso contencioso administrativo, que resuelve el juez.
No obstante, han remarcado el descenso de los procesos y han señalado como posibles circunstancias que han mediado en esta clara disminución «la mejora» del procedimiento de escolarización tras el desarrollo del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Entre otra de las razones de esa bajada señalan el descenso progresivo de la natalidad; así como la existencia de sentencias judiciales desestimatorias.
En este sentido, han indicado que fue importante la sentencia del 30 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo, la cual establecía que «no es posible el aumento judicial de la ratio para Educación Primaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por encima del límite fijado por el art. 157.1a) de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, con fundamento en el derecho a la libre elección de centro escolar ni en el derecho a los padres a que los hijos reciban la educación moral y religiosa que esté acorde a sus propias convicciones».
Según han sostenido desde la Delegación de Educación, este decreto, que entró en vigor en el proceso de escolarización del curso 2011-2012, «refuerza las garantías de transparencia e igualdad y recoge como principal novedad el principio de la escolarización pública única», que permite a las familias reservar plaza una sola vez para todos los centros donde los hijos se matricularán a lo largo de su vida escolar.
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
En concreto, el decreto ha introducido otros avances recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, la Iniciativa Esfuerza y el Informe sobre Convergencia Educativa aprobado por el Parlamento autonómico en 2009. Han recalcado en este sentido las medidas de simplificación de trámites y diversas modificaciones en los criterios de baremación del proceso de admisión.
De este modo, para garantizar una escolarización en condiciones de igualdad, el decreto refuerza los criterios de proximidad y conciliación de la vida familiar y para ello, la baremación aumenta de 13 a 16 puntos la existencia de algún hermano ya matriculado en el centro para el que se solicita. También se incrementa, de tres a cuatro puntos, la valoración del supuesto de que el padre o la madre trabaje en el centro. La valoración por domicilio familiar pasa de diez a 14 puntos.
Respecto a las cuestiones organizativas, la norma recalca el papel de las Comisiones de Escolarización, que pasan a denominarse Comisiones de Garantía, integradas por personal de las delegaciones territoriales de Educación y representantes de centros, padres y madres, profesorado y entidades locales. Por ello, han subrayado que estos órganos se encargan de velar por el cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el principio de igualdad de oportunidades.
