El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado las concesiones “ilegales” de la gestión del Tanatorio Municipal a empresas vinculadas a una asesora municipal que además mantenía deudas con el propio ayuntamiento.
Así, Cansino ha asegurado que la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, adjudicó el pasado 24 de febrero el contrato de gestión del servicio funerario municipal a la entidad Tanatorio Punta Umbría SL, “cuyo principal accionista es Rafael Arias, pareja de una asesora nombrada por la regidora, Rocío Pérez Flores, quien también había ejercido durante años de secretaria personal del anterior alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado”.
Según Hernández Cansino, la adjudicación es ‘nula de pleno derecho’, ya que “incurre en una manifiesta prohibición de contratar estipulada en la Ley de Contratos del Sector Público, que impide adjudicar contratos municipales al personal al servicio de la Administración, su cónyuge o persona con la que mantenga análoga relación afectiva”. Éste es el caso, señala Hernández, de Rafael Arias.
Por su parte, El equipo de Gobierno asegura que el proceso que se ha seguido para la adjudicación del servicio público del Tanatorio Municipal de Punta Umbría se ajusta a la legalidad, se apoyó en un informe previo de los técnicos y fue votado favorablemente por la mayoría de los componentes de la mesa de contratación (técnicos y PSOE, PP e IU). Asimismo, el grupo de Gobierno invita a Hernández Cansino a acudir a los Tribunales “en vez de a los medios de comunicación” si detecta irregularidades en el procedimiento.
Así, el informe técnico que se llevó a la mesa de contratación para adjudicar la gestión indirecta (concesión) del servicio público del tanatorio valoraba las dos ofertas que se habían presentado y proponía a la entidad Tanatorio Punta Umbría S.L como adjudicataria. Todos los miembros de la citada mesa, tanto técnicos como políticos (PSOE, PP e IU), excepto el representante de Unidos por Punta Umbría (UPU), votaron a favor de la propuesta planteada por los técnicos.
Contra esta adjudicación, UPU presentó un recurso de reposición que se ha trasladado a las dos empresas interesadas para que presenten las alegaciones oportunas. Hasta la fecha no ha llegado al Ayuntamiento ninguna alegación.
