El Juzgado de lo Penal número 4 de la Audiencia Provincial de Huelva juzga este lunes a las 10,00 horas a un exconcejal del PA en Lepe, encargado del área de Urbanismo entre junio de 2003 y junio de 2007, por un presunto delito de prevaricación, ya que supuestamente ignoró 75 denuncias que interpusieron vecinos de la localidad contra un pub, a pesar de conocer la problemática del local que poseía una licencia obtenida en 2004, que tenía por objeto ‘bar sin música’.
Según reza en el escrito de la Fiscalía, el Ministerio Fiscal ha pedido dos años de cárcel para el acusado, así como tres años de prisión y una multa de más de 6.000 euros para cada socio del local, que eran tres, por un presunto delito contra el Medio Ambiente, concretamente de contaminación acústica, y por un supuesto delito de lesiones a los denunciantes.
Estas tres personas, mayores de edad y sin antecedentes penales, regentaron el citado pub en Lepe desde 20004 a 2008, produciéndose en este periodo constantes emisiones de ruido procedentes del citado local por encima de los valores tasados por la normativa administrativa, y ello a pesar de que la licencia obtenida en marzo de 2004 tenía por objeto ‘bar sin música’ y no siendo hasta julio de 2006 cuando se obtiene la licencia para pub con música.
En cuanto al exconcejal, la Fiscalía ha estimado que en este periodo los afectados formularon 76 denuncias contra el local y sin embargo, el área de Urbanismo, a pesar de conocer esta problemática pues se produjeron varias reuniones con los socios del mismo, sólo inició un expediente administrativo sancionador contra los titulares, del que no resultó sanción alguna.
Esta contaminación acústica, según ha asegurado la Fiscalía, ha producido una serie de perjuicios para la salud de dos personas –los denunciantes–, los cuales sufrieron ansiedad, ira e impotencia, siendo las consecuencias más gravosas para una de ellas, quien sufrió lesiones consistentes en trastornos adaptativos, reacción mixta de ansiedad y depresión, para cuya sanidad ha precisado tratamiento médico quirúrgico consistente en seguimiento psiquiátrico y farmacológico.
Del mismo modo, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a los afectados en la cantidad de 10.000 euros por las lesiones psíquicas sufridas y por las secuelas.
