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El CSI-F hace pública las deficiencias de la policía local de Ayamonte y el caso omiso del consistorio

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El CSI-F ha denunciado públicamente al Ayuntamiento de Ayamonte al no someter los vehículos patrulla a las inspecciones que legalmente corresponden. Según han destacado, el consistorio actúa de manera negligente, ya que aseguran que no se trata de una mera infracción a la normativa de tráfico, sino una omisión a su obligación de prevenir riesgos profesionales para la protección de la seguridad, y la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo de los policías a su servicio.

A pie, es la forma en que los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Ayamonte está realizando los servicios propios que legalmente tienen encomendados, después de que estos decidieran no hacer uso de los vehículos policiales dado las deficiencias que presentan.

Este hecho ocasiona, que en pleno mes de Agosto, los servicios de Policía no puedan llegar a las zonas turísticas del municipio como Isla Canela, Punta del Moral, y Puente Esury, y que sean más lentos a las distintas zonas del casco urbano al no disponer de medios mecánicos para desplazarse.

Los Delegados de Personal en el Consistorio Ayamontino han venido solicitando al alcalde, Antonio Castillo, y al primer teniente de alcalde delegado de Personal, la subsanación de las deficiencias que presentan los vehículos y la remisión de estos a un Centro de Inspección Técnica, al objeto de que en cumplimiento de la ley sean debidamente revisados.

Desde CSI-F, se insiste en que la finalidad fundamental de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es la de comprobar, que tanto el estado general, como los elementos de seguridad del vehículo se encuentran en unas condiciones que le permitan seguir circulando sin que represente un peligro para sus ocupantes, el resto de usuarios de la vía pública o el medio ambiente. Se asegura así, unos determinados niveles de mantenimiento y seguridad de los vehículos, garantizando unos niveles mínimos de seguridad en el parque circulante con el fin primordial de reducir la siniestralidad con su alto coste económico y en vidas humanas que es el objetivo principal del Real Decreto 2344/1985, de 20 de noviembre, por el que se regulaba la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que obliga a la inspección técnica de los vehículos en los plazos previstos.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, estipula: ”Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente”.

El sindicato CSI-F denuncia además que los aparatos emisores de señales acústicas y luminosas especiales con los que están dotados estos vehículos para circular con carácter prioritario en prestación de un servicio urgente, no funcionan.

Los servicios de naturaleza urgente, que obligan a circular con carácter prioritario, y a velocidades más altas de las habituales, no pueden realizarse de esa forma, ya que en ausencia de esas señales, los agentes están expuestos a un mayor riesgo de sufrir un accidente o lo que es aún peor provocar daños a terceros, circunstancia esta que se propicia por el actual estado de unos vehículos, que incumpliendo la Ley, insistimos, no han sido revisados en un Estación de inspección técnica, y que sufren deficiencias detectables a simple vista.

La central sindical, ante el nulo caso a las peticiones de los representantes sindicales los máximos responsables municipales respecto de la situación, han optado por presentar una denuncia ante la Inspección de trabajo de Huelva, con la intención de que se obligue al Ayuntamiento fronterizo a enviar los vehículos policiales a una estación con ITV para que sean inspeccionados con el objetivo de prevenir y/o eliminar los riesgos que conlleva su utilización, y en orden por tanto a la Seguridad de los agentes, que es un derecho básico y necesario.

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