La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado la sentencia dictada por la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Huelva, que impuso a tres menores una medida de 16 meses de internamiento en régimen semiabierto por la agresión a una educadora social ocurrida el 13 de septiembre de 2025 en un centro de protección de menores de la capital onubense.
Según recoge la resolución judicial, los tres menores actuaron de forma coordinada con el propósito de incumplir las normas del centro. Durante los hechos, uno de ellos sujetó a la trabajadora por el cuello por la espalda hasta dejarla inconsciente, mientras otro permanecía vigilante.
Aprovechando que la víctima se encontraba en el suelo, los menores le sustrajeron las llaves que llevaba consigo y accedieron a un despacho donde recogieron diversas pertenencias. Cuando la educadora recuperó el conocimiento, los jóvenes continuaron con su actitud violenta. El principal agresor volvió a sujetarla por el cuello y, junto a otro de los implicados, la trasladó por la fuerza hasta una de las habitaciones del centro.
La sentencia señala que, una vez allí, los tres menores la acorralaron contra una pared y la obligaron a indicarles cuáles eran las llaves que permitían abrir la puerta de salida del recinto. Tras conseguirlo, abandonaron el centro.
Como consecuencia de la agresión, la educadora sufrió erosiones en el cuello, cervicalgia y un cuadro de ansiedad, precisando asistencia médica y tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, presenta como secuela un trastorno de estrés postraumático.
Tras los hechos, la autoridad judicial acordó distintas medidas cautelares de internamiento en régimen semiabierto, incluyendo en uno de los casos una valoración específica en salud mental y, en otro, un internamiento terapéutico.
La jueza de menores consideró a los tres responsables de los delitos de coacciones y lesiones, imponiéndoles una medida de 16 meses de internamiento, con los dos últimos meses en régimen de libertad vigilada. Asimismo, estableció una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante el mismo periodo.
Además, los condenados deberán abonar de forma conjunta, junto con sus representantes legales, una indemnización de 10.200 euros a la educadora por las lesiones y secuelas sufridas.
La sentencia fue recurrida por la representación jurídica de la Junta de Andalucía, aunque la Audiencia Provincial de Huelva ha rechazado íntegramente el recurso y ha ratificado la condena impuesta en primera instancia.
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