El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado las carencias en materia de seguridad que, según sostiene, sufren los empleados públicos en los centros penitenciarios, tras una agresión registrada en el Centro Penitenciario de Huelva en la que resultó herido un funcionario de prisiones.
El trabajador se encuentra de baja laboral a causa de una lesión en una mano que requirió asistencia inicial en la enfermería del centro y posterior traslado a un centro médico. El diagnóstico definitivo está pendiente de nuevas pruebas, que se realizarán una vez disminuya la inflamación provocada durante el incidente, ocurrido en el momento de la retirada de unas esposas tras una medida de aislamiento provisional aplicada al interno.
Según la información difundida por la sección sindical de CSIF en Huelva, los hechos se produjeron como represalia tras la intervención de los funcionarios, que habían intervenido al interno —con antecedentes de conflictos en distintos centros penitenciarios— varios objetos prohibidos, entre ellos un pincho carcelario, papelillos de fumar impregnados de sustancias no permitidas y una cuchilla oculta.
Desde el sindicato se ha trasladado un mensaje de apoyo al funcionario herido y se ha advertido de que este tipo de incidentes “no son hechos aislados”, reclamando medidas urgentes para reforzar la seguridad en prisiones.
Entre sus principales reivindicaciones, CSIF insiste en la aprobación de la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones, una medida que, según recuerdan, sigue pendiente de tramitación parlamentaria tras su paso por la Comisión de Interior. También reclaman la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y mayor dotación de medios materiales y legales para el desempeño de sus funciones.
En este sentido, el sindicato ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de incorporar herramientas como las pistolas táser, argumentando que podrían ayudar a prevenir situaciones de riesgo como la ocurrida.
CSIF también critica lo que califica como una “política permisiva” por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al permitir —según su versión— que internos con historial de incidentes permanezcan en régimen ordinario, lo que, a su juicio, incrementa la inseguridad en los centros.
Las demandas del sindicato serán trasladadas en la próxima reunión prevista para este jueves, coincidiendo con la presentación de la nueva directora del centro penitenciario onubense, Irene Rojas, ante los representantes sindicales.
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