Este viernes, se reunirá el Comité Asesor Técnico para abordar las ayudas destinadas al arreglo de caminos agrícolas. Así lo ha anunciado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien ha dado a conocer que el Gobierno central ha liberado más de 600 millones de euros para esta materia. Rico, junto a la Diputación y la Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas, acordarán los terrenos que abordará cada administración para reparar estas infraestructuras esenciales para la actividad agrícola.
Por su parte, la Junta de Andalucía informó el pasado 3 de marzo de que las actuaciones llegarán a 60 ayuntamientos de la provincia. El delegado del Gobierno ha destacado el papel de los ayuntamientos en la gestión territorial. “Los ayuntamientos son los ojos de la administración en el territorio, por lo que su voz es muy importante y así lo hemos querido dejar patente en la configuración de estas subvenciones”, ha señalado.
Por su parte, Burgos ha subrayado la intención de la Consejería de Agricultura de actuar con rapidez. “Estamos intentando desde la Consejería ser ágiles e ir por delante, en la medida en que cuanto más trabajo tengamos adelantado mejor podremos garantizar que todo vaya sobre ruedas”, ha indicado.
Los técnicos de las delegaciones territoriales y de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias andaluzas llevan semanas evaluando la situación caso por caso para adaptar la respuesta a cada municipio. Según ha explicado Burgos, podrán acogerse a estas ayudas por la vía de emergencia aquellos caminos que estén intransitables o en una situación compleja, aunque no estén totalmente cortados.
“Es importante que todas las administraciones trabajen unidas, desde la Unión Europea hasta los ayuntamientos, pasando por el Estado, la Junta de Andalucía y las diputaciones. Se trata de una estrategia colectiva para que los recursos lleguen cuanto antes y las actuaciones de emergencia se desarrollen con agilidad”, ha apostillado Burgos.
Estas medidas se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa, que moviliza casi mil millones de euros para el sector primario. De esa cantidad, 700 millones se destinan a indemnizaciones para agricultores y ganaderos, 120 millones a la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío, 136 millones a daños en cauces e infraestructuras hidráulicas competencia de la Junta y 31 millones a pérdidas en el sector pesquero y acuícola.
El Consejo de Gobierno declaró desastre natural la sucesión de borrascas registradas entre noviembre y febrero. Además, Andalucía ha solicitado al Gobierno central medidas de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), la activación de la reserva de crisis de la PAC, del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, del Fondo de Contingencia del Estado y la movilización de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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