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Ecologistas en Acción alerta en los juzgados del riesgo de las balsas mineras en la provincia de Huelva

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A las puertas de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, la organización Ecologistas en Acción ha advertido públicamente sobre el potencial peligro ambiental que, a su juicio, suponen las balsas de residuos mineros distribuidas por distintos puntos de la provincia, con especial preocupación por las ubicadas en las zonas de Riotinto, Tharsis y La Zarza.

El colectivo ecologista ha reclamado acceso a los informes periódicos de vigilancia, control y seguridad relativos a las grandes balsas de lodos tóxicos asociadas a la explotación de Atalaya Riotinto Minera, en el entorno de la mina de Riotinto, que ocupan una superficie superior a las 500 hectáreas. Según han denunciado, tampoco han recibido información detallada sobre las garantías financieras que la empresa debería haber constituido para hacer frente a posibles daños ambientales derivados de la actividad extractiva.

Desde Ecologistas en Acción sostienen que la autoridad minera competente no ha respondido a sus solicitudes formales de información, lo que, a su entender, dificulta la labor de control ciudadano y genera incertidumbre sobre las medidas de prevención ante eventuales incidentes.

Coincidiendo con estas declaraciones, este martes se ha celebrado la vista oral del procedimiento judicial en el que se impugnan dos autorizaciones administrativas vinculadas al proyecto minero de Atalaya. El colectivo ecologista considera que dichas autorizaciones podrían no ajustarse plenamente a la normativa ambiental vigente y defiende la necesidad de extremar la transparencia, el control técnico y las garantías económicas en explotaciones de este tipo, dada la magnitud de los residuos almacenados y los antecedentes históricos de contaminación minera en la provincia.

Asimismo, han recordado que la provincia de Huelva arrastra un importante legado minero y han insistido en que la gestión de las balsas debe contar con supervisión independiente, planes de emergencia actualizados y acceso público a la información, para minimizar riesgos sobre los ecosistemas, los acuíferos y la población cercana.

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