La investigación abierta tras el accidente del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) ha adquirido una nueva dimensión política al poner bajo escrutinio la relación entre la constructora Azvi y Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El caso vuelve a situar en el centro del debate la transparencia en la contratación pública y el control institucional de las infraestructuras estratégicas del Estado.
Según diversas informaciones periodísticas, García habría trabajado como asesor externo de Azvi entre 2023 y 2024, coincidiendo con las obras de renovación de los desvíos ferroviarios en el tramo donde se produjo el siniestro. Dichas actuaciones fueron ejecutadas por una UTE integrada por grandes constructoras del sector, en un contexto de adjudicaciones millonarias y decisiones técnicas ahora bajo investigación.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga posibles irregularidades en los concursos públicos, así como el presunto uso de materiales de menor coste a los previstos, prácticas que, de confirmarse, tendrían implicaciones políticas directas sobre la gestión del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Estas pesquisas se enmarcan en el conocido “caso Koldo”, que ya afecta a antiguos altos cargos de ADIF y de la Dirección General de Carreteras.
En el ámbito político, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los gobiernos en la supervisión de las obras públicas, especialmente en infraestructuras críticas como la red ferroviaria. Aunque las causas técnicas del accidente aún no han sido determinadas oficialmente, los indicios sobre los fallos en los desvíos del tramo de Adamuz han intensificado la presión sobre las empresas adjudicatarias y sobre quienes tuvieron capacidad de decisión en el proceso.
La investigación sigue abierta y amenaza con tener derivadas políticas relevantes, en un momento de fuerte escrutinio público sobre la seguridad ferroviaria, la ética en la contratación pública y el uso de fondos públicos.
En Directo