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La UHU no logra solucionar su conflicto laboral que dura ya dos años

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Este miércoles se cumplen 2 años desde que la Universidad de Huelva sufriera su primera huelga de trabajadores. Por aquel entonces, tanto las trabajadoras del servicio de limpieza como gran parte del colectivo de contratados con cargo al Capítulo 6 se echaron a la calle para llevar a cabo diferentes movilizaciones y concentraciones en defensa de sus puestos de trabajo. De poco sirvió, ya que el Equipo de Gobierno ya había decidido despedir a este grupo de trabajadores, por lo que acudieron a la vía judicial ante su reiterada negativa para buscarle una solución al conflicto.

Según han explicado los mismos trabajadores del Capítulo 6 en un comunicado a los medios, dos años después, la UHU comienza a reincorporar al personal, pero el conflicto de fondo continúa sin resolverse.

A lo largo de este año 2015, el personal readmitido sigue en casa percibiendo sus salarios, y por parte de la Universidad sigue sin haber ninguna voluntad de negociación. Cabe destacar que desde este sindicato siempre se ha mostrado su interés por llegar a un acuerdo “que beneficie a ambas partes”, desde el año 2013, antes de los despidos hasta la actualidad. Ya en septiembre de 2015 el colectivo lanzó una propuesta al Equipo de Gobierno que implicaba un “importante” ahorro a la Universidad de Huelva, renunciando a parte de derechos adquiridos judicialmente y explicaban que “nuestro objetivo no es beneficiarnos económicamente de la Universidad sino poder volver a nuestros puesto de trabajo, disminuyendo el impacto económico en tesorería de una situación provocada por el propio Equipo de Gobierno”, pero dos meses después, dicha propuesta recibió la negativa verbal por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

En estas circunstancias, con recursos pendientes al TSJA y las demandas contenciosoadministrativas, la UHU ha decidido en los últimos días reincorporar de manera efectiva y diferencial al personal. Según afirman los trabajadores, la Onubense “intentará negociar extinciones con determinadas personas o bajadas de la categoría que tienen reconocida por sentencia sin garantizar una mínima estabilidad laboral, mientras que por otro se incorporará personal en las mismas condiciones de sentencia”.

Antecedentes

Desde julio de 2014 hasta marzo del presente año se fueron celebrando los distintos juicios, ya que no fue posible una conciliación previa; todos con el mismo resultado: La UHU no se había ajustado a la normativa vigente, ejecutando un Expediente de Regulación de Empleo ilegal, declarándose nulos todos los despidos. Dicha nulidad se fundamenta en cómo se intentó extinguir la relación laboral de los trabajadores, y no en el origen o naturaleza de las contrataciones.

Tras las sentencias desfavorables a la Onubense, ésta recurre a una instancia superior, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero en su recurso de suplicación no plantea en la mayoría de los procedimientos otra cuestión que no sea discutir el salario que debe percibir el personal despedido readmitido, pero no reincorporado. Según aseguran los trabajadores de Capítulo 6, “se reconoce así, por parte de la Universidad, y de forma implícita, la existencia de un ERE encubierto en 2013, explican estos trabajadores”.

Justo una semana antes de los juicios que tuvieron lugar en Noviembre de 2014, “y con la intención de que no se celebraran los mismos, la Universidad comienza a abrir expedientes de revisión de oficio de las contrataciones y prórrogas del colectivo Capítulo 6, indicando ya en aquel momento que las contrataciones eran nulas, pero sólo y exclusivamente de aquel personal que acudió a la Justicia, es decir, sólo de los 55 trabajadores que plantearon demanda de despido, cuestión ésta que no tiene relación con los hechos que se juzgaron, el despido de trabajadores mediante procedimientos no ajustados a derecho”, continúan explicando.

La Universidad ya alegó dicha circunstancia en los juicios de despido, que los contratos eran nulos, y los juzgados descartaron dicha nulidad de forma taxativa en todas y cada una de las sentencias recaídas, por lo que la nulidad que se pretende ya ha sido juzgada.

Los afectados explican que “la Universidad no obtuvo entonces la respuesta que esperaba de la Justicia Social y decidió seguir con otra vía y continúa con el procedimiento administrativo para declarar nulo los contratos de los trabajadores, pero sólo de los que han demandado, y a pesar de que las sentencias no le daban la razón”, y dicho procedimiento administrativo exige como requisito de forma, que no de fondo, acudir al Consejo Consultivo, órgano de naturaleza administrativa, perteneciente a la Junta de Andalucía, de quien dependen los presupuestos de la Universidad, para que emita un dictamen “sin que se escuche o pueda participar en el mismo el propio trabajador, y por lo tanto, el Consejo Consultivo ni declara ni puede declarar nulo absolutamente nada, porque sencillamente no es competente ni es su función, quién resuelve la nulidad de las contrataciones es la propia universidad, juez y parte en dicha declaración, a pesar de que los tribunales ya habían indicado que los contratos no eran nulos”, aclaran los trabajadores.

Así pues, ante las resoluciones que emite la propia universidad, los trabajadores han interpuesto la correspondiente demanda ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, quienes si son competentes para decidir acerca de la nulidad planteada, a pesar de que esto ya se ha juzgado con anterioridad, tribunales que, además, han concedido la medida cautelar de suspensión de las resoluciones de la Universidad, y por lo tanto, aún queda un larguísimo recorrido judicial para dilucidar definitivamente esta cuestión.

“Hay que subrayar y no hacer olvidar en este punto que estos contratos pasaban y eran validados por todos los estamentos de la Universidad de Huelva como Servicios, Vicerrectorados, Control Interno, Asesoría Jurídica, Gerencia, Recursos Humanos, etc. Del mismo modo, los contratos eran recogidos por los integrantes del Comité de Empresa, entre los que se encuentran miembros del sindicato UGT, que ha denunciado ante la Fiscalía la contrataciones realizadas en la UHU conforme al Capítulo 6 en el periodo comprendido entre 2006 y 2013, periodo coincidente con el periodo que estuvo el anterior Rector, cuando este mismo tipo de contrato “obra y servicio” se realizaban desde hace más de 15 años”.

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