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El PSOE de Huelva critica la inversión millonaria de la Diputación en la capital, alegando perjuicio para los pequeños municipios

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El PSOE de Huelva, a través de su secretaria general, María Eugenia Limón, ha criticado este jueves la decisión de la Diputación Provincial de lanzar un plan que, según sus palabras, tiene como objetivo favorecer a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Este plan incluye la compra del Colegio de Ferroviarios y la antigua estación de tren, con una inversión total cercana a los diez millones de euros, lo cual, según Limón, se realiza en perjuicio de los pequeños ayuntamientos de la provincia y va en contra de la equidad territorial promovida por el PSOE en la Diputación.

Antes de presidir el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE en San Juan del Puerto, Limón destacó que en esta reunión se abordaría la equidad territorial, un tema crucial para los alcaldes de Huelva, quienes buscan igualdad de oportunidades a través de la Diputación. Enfatizó que Europa está cada vez más comprometida con la cohesión territorial y social, un compromiso que la Diputación debería reflejar en sus acciones.

Limón recordó que 72 de los 80 municipios de Huelva, más dos Entidades Locales Autónomas (ELA), tienen menos de 20.000 habitantes, y que la Diputación, como «el Ayuntamiento de los ayuntamientos», debe ofrecerles apoyo administrativo, jurídico y técnico.

La líder socialista criticó que la Diputación ha destinado fondos significativos para la compra y rehabilitación del Colegio de Ferroviarios, valorado en 2,7 millones de euros, además de la adquisición de la antigua estación de tren, cedida anteriormente al Ayuntamiento por ADIF a un precio simbólico. En total, estas inversiones ascienden a cerca de diez millones de euros.

Limón, también alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, manifestó que los alcaldes de la provincia demandan igualdad de oportunidades y que los esfuerzos de equidad territorial del PSOE se reflejen en estas inversiones. Aunque no se oponen a los planes de apoyo a Pilar Miranda, insisten en que estas inversiones también deben beneficiar a los municipios con menos de 20.000 habitantes y al resto de localidades que merecen igualdad de oportunidades.

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