El parlamento andaluz aprobó ayer en pleno La Ley de Transparencia de Andalucía. La normativa, que obliga a ofrecer toda la información de gestión de lo público respetando los límites de la protección de datos, superó ayer jueves el debate a la totalidad, tras lo que se abre el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas. El PP-A ya ha avanzado algunas de sus propuestas porque entiende que «se queda corta»- Entre otras cosas, la oposición pedirá que incluya un «código de conducta para altos cargos del que se puedan derivar consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento».
Desde el PP entienden que esta ley de transparencia debe aplicarse a todos los políticos, no solo a los parlamentarios y consejeros sino también a los que están a otro nivel.
Es la primera ley incluida en el pacto firmado por el PSOE-A e IU que llega al Parlamento de Andalucía -la segunda de la legislatura tras la Ley de la Función Social de la Vivienda no incluida en ese documento- y es también una norma orientada a combatir una de las grandes preocupaciones de los cargos públicos hoy día: la desafección que la ciudadanía siente hacia ellos y su gestión.
