El próximo viernes, 3 de octubre, el Ayuntamiento de Almonte constituirá una Comisión de Investigación destinada a examinar los contratos suscritos por el Consistorio durante el periodo 2019-2022.
La medida responde a las conclusiones de una auditoría externa, cuyos resultados fueron presentados en el último pleno municipal y que señalan la existencia de actuaciones de especial gravedad, algunas de las cuales podrían tener repercusiones de carácter penal.
Aunque PSOE y Mesa votaron en contra de la iniciativa, la propuesta prosperó gracias a la mayoría absoluta del grupo Ilusiona, actualmente en el gobierno.
Con la puesta en marcha de este órgano de control, se prevé citar a declarar a funcionarios y antiguos responsables políticos con el fin de esclarecer los hechos.
Fuentes municipales califican la situación de “máxima gravedad institucional”, al afectar a la confianza de la ciudadanía, la gestión de los recursos públicos y la credibilidad del propio Ayuntamiento.
En palabras de estas mismas fuentes, “en una administración local, donde la cercanía con los vecinos resulta esencial, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios básicos para un gobierno justo y responsable”.
La creación de la Comisión de Investigación se considera, en este sentido, “un paso firme hacia la verdad y la claridad en la gestión pública, imprescindible para recuperar la confianza en las instituciones y evitar que episodios similares vuelvan a producirse”.
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