La Junta de Andalucía y el sector pesquero han fijado una estrategia de defensa común ante la decisión, adoptada por la Comisión Europea, de vedar la actividad pesquera de arrastre en pesquerías del Atlántico que afecta a Andalucía, especialmente a la flota del Golfo de Cádiz.
De forma unánime, se ha decidido solicitar una moratoria hasta final de año para la entrada en vigor del Acto Delegado de la Comisión europea, que prohíbe pescar a la flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el Golfo de Cádiz, por ser lesivo a los intereses andaluces, ya que va a impactar directamente sobre 126 barcos y 600 pescadores que van a ver mermada su actividad al no poder faenar en caladeros tradicionales, aunque el perjuicio irá más allá ya que implicará pérdidas a todo el sector de forma general, así como los municipios pesqueros y los sectores que viven indirectamente de la pesca.
Entre los acuerdos adoptados por unanimidad, Andalucía va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los estudios actualizados que ha presentado a la Comisión Europea para poder ejercer, también, una férrea defensa del sector. Además, se va a mostrar el respaldo unánime del sector y el ejecutivo andaluz tanto al resto de comunidades autónomas afectadas como al Gobierno de España en su intención de acudir al Tribunal de Justicia Europeo para interponer un recurso.
Por otra parte, se va a solicitar al Ministerio que explore la viabilidad de poder anteponer la normativa española y el Reglamento de Aguas Profundas de la propia UE a este Acto Delegado de la Comisión Europea para aplicar este último entre los 400 y 800 metros de batimetría, requisito que ya establece el Reglamento.
El Acto Delegado entrará en vigor, si no se remedia, el próximo 9 de octubre, y afecta a embarcaciones y pescadores también de otras zonas de España, Portugal, Francia e Irlanda.
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